Cuatro Generales PNP investigados
por descuentos ilegales a tres mil policías
El director de la Policía Nacional, general Jorge
Flores Goicochea, dispuso la formación de un equipo especial para determinar la
responsabilidad de los altos mandos en el caso del prestamista Luis Francis
Ramírez. Aceptaron miles de resoluciones fraudulentas de juzgados de paz de
provincias.
No tuvieron piedad con sus propios compañeros de
institución
PUEDES
VER:
Once jueces de paz involucrados en mafia de prestamista Francis
El 29 de mayo del 2014, el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial (CEPJ) comunicó al director de la División de Producción de
Planillas de la Policía Nacional, el coronel PNP Luis Valdivia Araujo, que los
juzgados de paz no están facultados para emitir resoluciones extrajudiciales ni
las que provienen de los centros de conciliación para descuentos a policías. El
CEPJ alertó a la Policía Nacional que había detectado que jueces de paz,
especialmente de provincias, emitían masivamente mandatos de pago a terceros
sin que existieran de por medio sentencias.
Sin embargo, el coronel Luis Valdivia Araujo pasó
por alto la disposición del Poder Judicial y continuó ejecutando las
resoluciones de los jueces de paz que beneficiaban a la red de compañías del
prestamista Luis Francis Ramírez y afectaban a más de 3 mil efectivos
policiales de todo el país.
Efectivamente, los descuentos continuaron hasta
febrero de este año, según comprobó La República con una copia de la planilla a
la que tuvo acceso. Un año después de que el Poder Judicial advirtió sobre la
mafia de jueces de paz, la División de Producción de Planillas de la Policía
Nacional descontó más de un millón de soles a efectivos policiales por concepto
de pago de deuda a favor de las empresas Francis Cash Inversiones EIRL,
Soluciones EIRL, G&S Asesoría y Servicios Integral, IM Servicios SAC, FC
Servicios y Cobranzas, Inversiones Melody EIRL, todas de propiedad del ex
policía Luis Francis Ramírez. Su hijo y abogado defensor, Carlos Francis Baza,
también aparece como beneficiario de los descuentos de febrero de este año.
NO
LES IMPORTÓ NADA
En el 2014, cuando el suboficial PNP Daniel Falcón
Gómez descubrió que en junio de ese año le comenzaron a descontar por una deuda
inexistente de 9 mil 900 soles se dirigió al entonces director ejecutivo de
Personal de la Policía Nacional, general PNP Walker Rocha Hidalgo. Falcón le
explicó que los cobros se hacían en cumplimiento de fraudulentas resoluciones
de los juzgados de paz de Santa María (Huaura, Lima), y de Moho (Puno). Las
empresas favorecidas eran G&S Asesoría y Servicios Integrales e IM
Servicios SAC, de propiedad del ex policía Luis Francis Ramírez.
"Ya, suboficial Falcón. Vamos a revisar su
caso", le dijo el general Rocha al suboficial Falcón. Pero nunca hizo
nada.
Solo cuando Falcón pasó al retiro en abril del 2014,
recién entonces se detuvieron los descuentos ilegales.
Pero a Rocha y a otros les llegó la hora.
El director de la Policía Nacional, general Jorge
Flores Goicochea, ha dispuesto que el Tribunal Administrativo Disciplinario y
la Inspectoría General investiguen a los involucrados con la red de Francis.
Entre ellos se encuentran los ex directores
ejecutivos de Personal, los generales Miguel Villanueva Benavides y Walker
Rocha Hidalgo, y también el director ejecutivo en funciones, general Víctor
Carrera Quintanilla. Además de su jefe inmediato superior, el director
ejecutivo de Gestión Institucional de la PNP, general José Céspedes Aguirre.
Todos deben responder por qué descontaron los
haberes de 3 mil policías en beneficio de las empresas del prestamista Luis
Francis sin comprobar la autenticidad de las resoluciones de los juzgados de
paz de provincias.
"¿Usted sabía que a miles de policías se les
descontaba sus ingresos con resoluciones fraudulentas de juzgados de paz de
provincias?", preguntamos al director ejecutivo de Personal de la Policía
Nacional, general Víctor Carrera Quintanilla.
"Bueno, yo recién estoy a cargo de este
despacho desde el 7 de enero de este año. Y nosotros, como institución policial,
acatamos las órdenes judiciales. Si no lo hacemos, somos pasibles de ser
denunciados", respondió.
"De acuerdo, pero nos referimos a mandatos
judiciales emitidos por juzgados de paz que ni siquiera notificaron a los
policías afectados por los descuentos", le indicamos.
"Nosotros solo acatamos las órdenes judiciales.
Nosotros no vemos si una orden judicial es verdadera o falsa", contestó el
general Víctor Carrera.
"¿Usted no sabía que el beneficiario de esas
resoluciones judiciales fraudulentas era el ex policía, y conocido prestamista,
Luis Francis Ramírez, varias veces denunciado ante la División de Estafas de la
PNP?", le insistimos.
"No, no sabíamos, porque los descuentos
judiciales vienen a nombre de empresas, no como personas naturales",
manifestó.
DICEN
QUE NADA SABÍAN
El general Walker Rocha, ex director ejecutivo de
Personal, también justificó los cobros indebidos a los 3 mil policías bajo el
argumento de que no sabía que las resoluciones de los juzgados de paz eran
ilegales.
"Yo desconocía que había resoluciones
judiciales fraudulentas. Recién me enteré cuando la División de Estafas me citó
para declarar en setiembre del 2014. Yo de inmediato pedí un informe al jefe de
la División de Planillas, coronel Luis Valdivia Araujo, quien me dijo que nunca
había recibido alguna queja por parte de la policía. Por eso pedí que relevaran
de su puesto al coronel Luis Valdivia, así como del jefe del Departamento de
Asignaciones Judiciales, mayor César Román Meneses", explicó el general
Walker Rocha.
A pesar de los cambios, los descuentos continuaron.
El mayor Francisco Rivadeneyra Gilvonio, quien
reemplazó a César Román en la jefatura del Departamento de Asignaciones, señaló
que al asumir funciones tampoco estaba enterado de que el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial había advertido de que varios juzgados de paz emitían
resoluciones fraudulentas para descontar a los policías y favorecer a empresas
de Luis Francis Ramírez.
"Yo no sabía que los juzgados de paz no pueden
disponer los descuentos de los haberes de los efectivos. Tampoco sabía que el
dinero descontado era en beneficio de las empresas del señor Luis Francis. Yo
solo cumplía con acatar lo que dicen las resoluciones. No podemos
cuestionarlas", alegó el mayor Francisco Rivadeneyra.
El director de la Policía Nacional, general Jorge
Flores Goicochea, informó a La República que ha dispuesto que se forme un
equipo especial cuyo objetivo es identificar a todos los oficiales relacionados
con el caso, incluidos los de alta graduación, para deslindar
responsabilidades.
"No vamos a permitir que continúe esta práctica
ilegal de descontar a los policías mediante resoluciones judiciales falsas para
favorecer a terceros. Sea general o suboficial, será sancionado
ejemplarmente", señaló.
SOLO
HAY DOS POLICÍAS DENUNCIADOS POR EL CASO
El coronel PNP Luis Valdivia Araujo, ex jefe de la
División de Producción de Planillas, y el mayor PNP César Román Meneses, ex
jefe del Departamento de Asignaciones Judiciales, son los únicos denunciados
ante la 7ª Fiscalía Penal Provincial de Lima por haber descontado ilegalmente
los sueldos de los policías para beneficio de las empresas de Luis Francis
Ramírez.
A Valdivia y Román se les atribuye únicamente el
delito de abuso de autoridad.
En su descargo, el coronel Luis Valdivia afirmó que
la responsabilidad por los descuentos ilegales corresponde al mayor César
Román, ex jefe del Departamento de Asignaciones Judiciales. Sin embargo, Román
se limitó a recibir órdenes de sus superiores, entre ellos el coronel Valdivia.
Incluso mostró los memorandos en los que se consignan las disposiciones que
recibió.
Cuando la policía le preguntó si las demandas
judiciales que recibía eran verificadas, César Román respondió que no lo hizo
porque los documentos eran originales.
También reveló que solo en un año recibió un
promedio de 7,019 demandas de los juzgados de paz para descontar a los
policías.
"Solo en tres ocasiones los policías se
quejaron por los descuentos, hicieron gestiones pero no prosperaron", dijo
Román.
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