02/08/2014 Este es el informe del diario CORREO sobre la incautación de droga en Barranca

Indultado por Alan García transportaba droga en camión de candidato de Keiko Fujimori

Un fino trabajo de inteligencia realizado por agentes de la Dirandro facilitó la incautación de más de 300 kilos de cocaína de la más alta pureza en la playa Colorado, ciudad de Barranca, la madrugada del viernes último.
Lo que pareció un tema estrictamente policial terminó salpicando a dos potenciales candidatos del 2016: Keiko Fujimori y Alan García.
El paciente seguimiento, iniciado en febrero por la Policía Antidrogas, nació con un dato revelador: un camión pintado con publicidad electoral (una letra "K" de color naranja a un costado) era utilizado para transportar droga que sería llevada por mar a países de Norteamérica y Europa para ser comercializada.
LADRILLO PURO. Sin duda, los temores sobre la silenciosa infiltración del narcotráfico en la política han alcanzado ribetes insospechados.
Y es que en el interior del vehículo de placa C7X-789, en el que se ocultaban 144 ladrillos de coca dentro de estructuras metálicas, resultó ser de propiedad de Alberto Tapia Olivares, exregidor y actual candidato a la alcaldía de Barranca por Fuerza Popular.
Así lo confirman documentos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), donde Tapia Olivares figura además como gerente general de Inversiones Tafuti SAC.
Fueron tres los sujetos que cayeron con las manos en la pasta esa madrugada. El chofer, identificado como Danilo Conrado Silva Sánchez, además de ser cuñado del candidato fujimorista, fue uno de los cientos de reos beneficiados por las conmutaciones de penas otorgadas durante el segundo gobierno del expresidente Alan García.
Silva Sánchez, cabe indicar, fue condenado a 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas, pero fue Miguel Facundo Chinguel, entonces titular de la Comisión de Gracias Presidenciales, quien le redujo la tercera parte de la pena, 5 años, y abandonó el penal de Huacho el 30 de marzo del 2011.
"Danilo Silva Sánchez fue detenido anteriormente en el 2001, en Barranca, donde venía funcionando un laboratorio de cocaína, donde se le decomisaron 65 kilos de alcaloide", detalló en conferencia de prensa el ministro del Interior, Daniel Urresti, desde la ciudad portuaria.
Luego se supo que Silva Sánchez está vinculado con el temible cartel mexicano de Tijuana.
La resolución suprema de la conmutación de pena, cabe recordar, fue firmada por la exministra de Justicia, Rosario Fernández, en 2009, y por el mismo Alan García.
Por su parte, Tapia Olivares negó responsabilidad alguna en el hecho alegando que el camión fue "sacado" de su cochera mientras se encontraba participando de un evento proselitista con Keiko Fujimori en Huacho.
"Sin ninguna autorización sorprendieron al guardián y sacaron el vehículo", se defendió.
FP HACE DESLINDE. Al publicitarse el hecho, Fuerza Popular emitió un comunicado en el que precisa que se han iniciado las investigaciones del caso para determinar si hubo responsabilidad del candidato fujimorista.
"La Secretaría Nacional de Ética y Disciplina, a solicitud del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular, en reunión extraordinaria realizada esta tarde, y de acuerdo a lo estipulado en nuestros estatutos, decidió iniciar proceso disciplinario al Sr. Orlando Alberto Tapia Olivares, candidato a la alcaldía provincial de Barranca, con la finalidad de retirar su candidatura", se lee en el comunicado.
Al respecto, el vocero de Fuerza Popular, Juan José Díaz Dios, explicó que el candidato fujimorista fue presentado por las mismas bases para luego pasar por un filtro riguroso, en el que no se encontraron antecedentes penales ni procesos en el Ministerio Público ni el Poder Judicial.
"Como partido, nos corresponde separar al candidato para que no existan interferencias en las investigaciones", señaló Díaz Dios.
APRA NO SE INMUTA. Respecto al indulto que recibió Silva Sánchez, el secretario general del Apra, Omar Quesada, indicó que la vinculación que se pretende hacer con el expresidente García, "nos tiene sin cuidado".
Si bien unos 800 indultados durante su gobierno reincidieron, Quesada apuntó que "nadie puede predecir las conductas, pero es evidente que se quiere politizar el tema".
"El Gobierno siempre va a buscar un motivo de crítica contra Alan García en cualquier hecho, por más jalado de los cabellos que pueda ser. Es una política de chaveta", manifestó al sostener que la norma es clara respecto a la reincidencia de los beneficiados con indultos y conmutaciones de penas.
"El único trabajo del Poder Judicial en este caso es hacer cumplir la ley y multiplicar la pena", agregó tras subrayar que el trabajo del ministro del Interior, Daniel Urresti, en este caso es totalmente distinto.

"Urresti debe pagar el puesto que tiene y el libreto que le dio el gobierno para atacar al Apra a cambio de los S/. 30 mil que recibe", precisó sin contemplaciones Quesada.